Marco Normativo

I.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN.

El proceso de cambio institucional propiciado a través de la actual Ley de Gobierno y Administración Regional se apoya en una concepción que considera el desarrollo paralelo de una descentralización y la desconcentración de las funciones a nivel regional. En tal sentido, la opción por la descentralización permite el logro de una mayor equidad en la distribución del poder para la toma de decisiones, mientras que la opción por la desconcentración va en la búsqueda de concretar una mayor eficiencia del aparato público.

En este esquema, los Gobiernos Regionales, como servicios públicos descentralizados, pueden ejercer sus funciones y administrar sus recursos sin dependencia de otro órgano, pero siempre dentro de los términos y para los fines que determine la ley.

La centralización del sector público se define como la estructuración piramidal de los órganos administrativos, verticalmente enlazados bajo la supeditación jerárquica a uno superior, actuando todos ellos con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco.

El término descentralización se refiere a la transferencia de las competencias desde el ente administrativo central a entes jurídicamente diferenciados de aquél, es decir, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y que no están jerárquicamente subordinados, sino sometidos a su supervigilancia. Asimismo, la descentralización puede ser funcional o territorial, según el cuerpo normativo y legal que la regule.

De este modo, un Servicio es centralizado cuando actúa bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco y está sometido a la dependencia del Presidente de la República a través del ministerio correspondiente. En cambio, es descentralizado cuando tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y actúa sin estar sometido a la dependencia del Presidente, sino sólo a la supervigilancia de éste, como es el caso de los Gobiernos Regionales.

El camino de democratizar la toma de decisiones y modernizar el Estado, supone sin duda la combinación de procesos descentralizadores y desconcentradores de funciones públicas, entendiendo esta última como la transferencia de atribuciones que la ley confiere a un órgano inferior, para resolver sobre determinadas materias o en cierto territorio, manteniendo su supeditación jerárquica a otro superior que podrá impartirle criterios generales de política, más no arrogarse la resolución de los asuntos confiados al inferior.

La desconcentración, al igual que la descentralización, puede ser territorial o funcional y puede recaer en cualquier tipo de Servicio y tiene un carácter interno dentro del organismo.

La desconcentración en el plano gubernamental se da en relación al Presidente de la República con el Intendente en la medida en que éste representa a aquél en la región. Similar situación ocurre entre el Intendente y el Gobernador en cuanto este último es el órgano desconcentrado del primero en el territorio de la provincia. Por este motivo, la Ley de Gobierno y Administración Regional, aunque otorga al Intendente y al Gobernador facultades resolutivas en ciertos temas, los subordina, en general, a su superior jerárquico respectivo.

En cuanto al proceso de descentralización en materia de Gobierno Regional, es conveniente acudir al espíritu de la norma, señalándose en parte del discurso de promulgación de la actual Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional el 5 de noviembre de 1992 lo siguiente “Es probable que el sistema aprobado no llene todos los anhelos de mucha gente, que no sea absolutamente perfecto. Sólo en el camino vamos a saber cuál es el grado de perfección. Pero poniéndolo en marcha, vamos a ver también cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus defectos. Y esas potencialidades se van a realizar en la medida en que las regiones asuman su responsabilidad de cumplir sus tareas regionales.”, agregando a su efecto que “[…] la generación de los Consejeros Regionales es decisiva para el éxito de una buena gestión regional. Cada partido, cada agrupación, la comunidad de la población regional debiera instar a que los Consejeros Regionales vayan las personas que puedan hacer el mejor aporte, para colaborar con el Intendente en una buena administración regional, que tengan la mayor capacidad, los mayores conocimientos, el mayor espíritu público para cumplir esta tarea de tanta trascendencia; «por sus frutos los conoceréis» […] El balance que hagamos del resultado de la descentralización regional va a depender, fundamentalmente, de la capacidad de gestión que demuestren los Consejeros Regionales, los gobiernos regionales.”; finalizando con la siguiente reflexión: “Las regiones pasan a tener un instrumento, y de su gente, de sus autoridades, de su población entera, va a depender qué sean capaces de hacer, en bien de la región, con este instrumento concebido para servir a su desarrollo.”.

II.- MARCO JURÍDICO VIGENTE.

La Ley N°20.390, de Reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional, publicada el 28 de octubre de 2009, dispuso la elección popular por sufragio universal en votación directa de los(as) Consejeros(as) Regionales. La Ley N°20.678, publicada el 19 de junio de 2013, permitió que dicha elección se efectuara en noviembre de 2013, asumiendo los(as) Consejeros(as) elegidos(as) popularmente el día 11 de marzo de 2014.

La citada reforma, además, dispuso que el Intendente Regional ya no presidiría el Consejo Regional, sino que dichas funciones las ejercería un consejero elegido por sus pares. Asimismo, consagró fuero procesal penal para el Presidente del Consejo. La elección de dichos Presidentes pudo materializarse durante 2014 tras la dictación de la Ley N°20.757, publicada el 14 de junio de dicho año, la cual modificó la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.175 del Ministerio del Interior del año 2005, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional. De esta forma, en la actualidad los quince Consejos Regionales tienen un(a) Presidente(a) elegido(a) por sus propios pares.

Finalmente sobre este punto, cabe señalar que con fecha 06 de febrero de 2015 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.817 que modificó en lo pertinente la referida Ley Nº19.175, fortaleciendo a los Consejos Regionales.

III.- FUTUROS DESAFÍOS NORMATIVOS.

Por otra parte, la Reforma Constitucional en el ámbito Regional del año 2009 consideró las siguientes materias, aún pendientes de regulación en normas de rango legal: establecer un mecanismo de transferencia de competencias desde Ministerios y Servicios a uno o más Gobiernos Regionales, la obligatoriedad de los convenios de programación y la administración de áreas metropolitanas.

El Proyecto de Ley (Boletín N°7963-06) que modifica la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, profundizando la regionalización del país, aprobado en primer trámite constitucional por el H. Senado el 8 de enero de 2014, dispone, entre diversas otras materias, un procedimiento de transferencia de competencias, establece la obligatoriedad de los convenios de programación y modifica las atribuciones de los Consejos Regionales.

Con fecha 16 de enero de 2015, S.E. la Presidenta de la República, presentó una serie de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley aludido, donde entre otras cosas, aborda nuevamente las atribuciones del Consejo Regional. Actualmente dicho proyecto se encuentra radicado en el Senado de la República, en su tercer trámite constitucional.

Finalmente cabe señalar que todo lo anterior debe necesariamente vincularse a la ley de Reforma Constitucional N°20.990  que dispone la elección popular del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2017, cuya primera votación se realizaría el año 2020 y que comenzará a regir una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a las que se refiere el artículo 114 de la Constitución Política de la República (disposición transitoria vigésimo octava de la Constitución). Como se puede observar, estamos en presencia de profundos cambios en materia de descentralización a nivel Regional, lo que a su vez, debe conciliarse con la figura del Estado unitario y centralizado que como país nos caracteriza, lo que conllevará necesariamente un gran desafío futuro.

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